¿Qué pinta la ciudadanía en el “debate de una época”?

Leí con avidez el documento “Equidad social y parlamentarismo: Argumentos para el debate de una época” que el Instituto de Estudios para la Transición Democrática acaba de publicar (al final anexo resumen). Celebro que un actor como el IETD introduzca claridad y nuevas ideas al debate sobre la democracia en México. Me parece que no podría estorbar que el gobierno tomara en cuenta sus dos propuestas. Sin embargo, sus planteamientos me han suscitado dos objeciones:
1. Una característica del documento es que tiene al gobierno como interlocutor. No sólo porque sus dos propuestas van dirigidas al gobierno, sino que en todas sus consideraciones, la referencia y la importancia dada al papel pasado, presente o futuro de actores diferentes al gobierno – en especial, los ciudadanos – es casi nula. Los autores advierten que éste será su enfoque, y en teoría no se les podría reclamar. Sin embargo, la elección de interlocutor va ligada a cuestiones más profundas que quisiera argumentar.

2. Mi otra gran objeción es que la pluralidad política que dicen se ha alcanzado con la “transición democrática”; así como la pluralidad política que proponen gestionar mediante el parlamentarismo, es básicamente la pluralidad de los partidos existentes.
Puesto que coincidimos en tener a la democracia como objetivo, no echo en saco roto la petición implicada en el texto: se pide reconocer los avances en materia de democracia. Trataré de tener esto en mente, pues no quiero obstaculizar un ánimo de mejora.
El IETD diagnostica que “la política es vista por la gran mayoría de los mexicanos como un espacio ajeno y hasta opuesto a sus intereses”, y dedica varias páginas a analizar la falta de cultura democrática y de esperanza en la democracia por parte de los mexicanos. Ante esto, su propuesta es que el Estado, por un lado, produzca ciudadanía a través de la promoción de la equidad material y la garantía de derechos; y por otro lado, que recupere fuerza y legitimidad mediante el parlamentarismo.
Me parece que sus propuestas obvian la magnitud y las razones profundas del descontento. Se habla como si los partidos fueran entidades políticas cuyo principal móvil fuera, en efecto, la justa y eficiente representación popular y gestión de lo público. Como si los partidos respondieran a ideologías democráticamente coherentes, o como si representaran a sectores significativos de la población. Se habla como si múltiples instancias y niveles de gobierno que resultan de la partidocracia, no fueran agraviantes directas y recurrentes, en mil materias distintas, por todo el país. El documento insiste en la pluralidad de la sociedad, pero no se dice que los partidos no son ni de lejos el reflejo de esta pluralidad. No se dice que, si carecen de la legitimidad más básica, es por su actuación no sólo ineficiente, no sólo no representativa, sino, tantas veces, dolosa.
Al no cuestionar a la clase política misma, proponen un mecanismo diferente – favorecedor de la conversación, los acuerdos y las coaliciones entre partidos – para que gobiernen los mismos, y estiman que con esto se consolidaría la democracia. Pero en realidad se estarían dejando intocadas la representatividad y la legitimidad. La representatividad exigiría que los representantes efectivamente vehicularan las aspiraciones de las mayorías. La legitimidad del Estado exigiría que se verificaran justicias y empoderamientos ciudadanos, según sus propias lógicas y contenidos, que van más allá de la equidad y del bienestar material. El fortalecimiento del Estado frente a los poderes fácticos, que también mencionan, probablemente se vería favorecido por el parlamentarismo, pero no de forma significativa si los políticos responden a intereses diferentes a los de sus representados.
El IETD debate contra la idea de un gobierno “homogéneo y monocolor” reivindicado por “diagnósticos sesgados por el interés político, la simpleza analítica o la desmemoria histórica”. No puedo más que apoyarlos en esta controversia. Pero si tomaran también como interlocutoras algunas recientes manifestaciones ciudadanas, tomarían en cuenta que la desconfianza, el repudio y el deslinde de la ciudadanía para con los políticos va más allá de su ineficacia.
Esto me lleva de regreso a mi primera objeción: la falta de reconocimiento del papel de la ciudadanía en la construcción de la democracia. A lo largo de todo el documento es patente, de forma tácita, la postura del IETD, que explicitan así: “Como lo prueba toda la experiencia histórica y a pesar de las leyendas antiestatistas en curso, sólo un Estado fuerte, eficaz y eficiente crea las condiciones de una sociedad civil fuerte, exigente y organizada”. Sólo mencionan de pasada que los mecanismos de vigilancia permanente del pueblo sobre las instituciones son “una sombra consustancial y necesaria que acompaña el hacer de las instituciones”, y no un “elemento ajeno al universo democrático”. La omisión del papel de la ciudadanía es especialmente evidente en la parte del texto en que celebran que en las últimas iniciativas legislativas se estuviera discutiendo por primera vez “acerca de la forma de gobierno” (reforma política): ¡Ni siquiera mencionan el tema de los mecanismos de participación ciudadana, a pesar de ser parte significativa de las iniciativas discutidas! Los ciudadanos tampoco aparecemos en su propuesta de parlamentarismo, más que, quizás, cuando se le exalta que éste “trasciende las resistencias en contra de la llegada de partidos, personajes, organizaciones o idearios a la contienda y los asimila como parte natural de su propia naturaleza y operación plural”.
Pero, se le reconozca o no desde otros ámbitos, la ciudadanía tiene que encontrar el modo de apropiarse el “debate de una época” e idear maneras de tomar las riendas de lo público - resulta agrio pero ilustrativo pensar que, aunque nos convenzan las políticas para la equidad y el parlamentarismo que propone el IETD, hoy por hoy, no tenemos ninguna incidencia en que se adopten, ni se nos está invitando a ello. Puesto que han dejado claro que este documento se limita sólo a dos propuestas, y dos propuestas para el gobierno existente, dejaré de lado todas las otras formas posibles de incidencia por parte del pueblo. Sólo diré que desde, desde una óptica de la ciudadanía común, que no participa del poder, pero constata y padece su funcionamiento; las modificaciones no radicales a la forma del gobierno actual – sean éstos nuevos mecanismos de participación ciudadana, u otras reformas políticas que no modifican sustancialmente la estructura de poder – tienen sentido y son necesarias en cuanto poseen el potencial de funcionar como cuñas, respiraderos, suero intravenoso que inyecte justicia, representatividad e incidencia ciudadana; que enderecen en algo la relación de soberanía establecida en el artículo 39, que, hoy por hoy, es una fábula.
Sólo me saldré del terreno de discusión de “Equidad social y parlamentarismo” con un comentario final. El año pasado, algunos – incluyendo varios miembros del IETD – condenaron al voto nulo por apostarle al pesimismo y a la destrucción, en lugar de la consolidación de las instituciones democráticas. Asimismo, en el documento que acaban de presentar, denuncian el nihilismo y la falta de fe en la democracia. Antidemocrática me hubiera parecido la resignación al voto pragmático por partidos que se detestan, desechando así la posibilidad de ejercer un acto político comunicativo. Pesimista me hubiera parecido el desinterés y falta de participación en los asuntos partidistas y electorales. Lejos de eso, el movimiento del voto nulo se preocupó por generar contenidos críticos y propositivos, y con ellos hablarle a la ciudadanía… ¡y hasta a los mismos políticos, manifestándoles, con la anulación, la reprobación en la función social que deberían cumplir, en lugar de desentenderse de ellos! Esta expresión no fue de pesimismo, sino de reivindicación de una verdadera democracia; reivindicación que, a mi modo de ver, no se verificará sin nuestra activación, aunque (y porque) no está prevista por el sistema actual. ¿Quizás el IETD pueda ayudarnos a pensar ahora en esta línea?
ALGUNOS PUNTOS CENTRALES DE “Equidad social y parlamentarismo”:
Se hace un recuento e interpretación de la “transición a la democracia”: hoy hay pluralismo en el gobierno, sin embargo, esto no se refleja en avances en economía ni en mayor igualdad.
“La democracia mexicana se encuentra estancada. La desigualdad social crece y escinde cada vez más al país. La sociedad está desmoralizada, atemorizada y desconfiada. La clase política, ensimismada en rencillas de cortísimo plazo, deambula en la incertidumbre, más preocupada en su próxima cita electoral que en los problemas esenciales del país. Y la política es vista por la gran mayoría de los mexicanos, como un espacio ajeno y hasta opuesto a sus intereses”.
De sus diagnósticos derivan dos propuestas:
Equidad: políticas económicas, fiscales y sociales explícitamente contra la desigualdad. Ven esto como condición de una verdadera democracia, y ven la distribución como condición previa del crecimiento (En contra de dogmas neoliberales; y en contra de postergar estas políticas esperando a la abundancia o a las “reformas estructurales”).
Parlamentarismo: un sistema de gobierno donde la pluralidad y los acuerdos en su seno, sean los mecanismos de su legitimidad, de su eficiencia y del logro de proyectos de nación de largo plazo. Un sistema donde la elección y funcionamiento del legislativo y el ejecutivo no estén divorciados (Contra las idea de que la pluralidad estanca al gobierno y que por tanto se necesitan bloques, mayorías fuertes para gobernar).