Estimado Ricardo Becerra. Gracias por contestar a mis objeciones en el sentido de que la propuesta del IETD no tomaba en cuenta el papel de los ciudadanos; y de que otro formato de interacción entre los partidos no mejoraría su legitimidad ni su representatividad. Por un lado, usted rechazó que entre ciudadanos y políticos existiera la oposición que justificara mi postura (incluso juzgó que la mía era la de políticos disfrazados de ciudadanos que alcanzaron notoriedad gracias a poderes fácticos); y por otro lado sentó que, ante el peligro de que los poderes fácticos usurparan eventuales mecanismos de participación ciudadana, era preferible apostar por una mejor mediación de los partidos existentes. Para seguir alegando, tomo en cuenta todo lo que dice, y tomo también en cuenta, con mayor cuidado y consideración de conjunto, su “Equidad y parlamentarismo”.
Lo primero en mi argumentación es hacer un reconocimiento al papel tan central que dan a la equidad en el “debate de una época”. Ponen la injusticia y la exclusión en perspectiva histórica, demográfica y económica, y hacen patente que la equidad material, además de ser una reivindicación básica en sí misma, es condición tanto de la democracia como del crecimiento económico. Aprecio que confronten dogmas políticos y económicos neoliberales evidenciando que no es la “ingobernabilidad” del pluralismo, ni la falta de “reformas estructurales” lo que ha propiciado el estancamiento.
Sin embargo, en su denuncia de las malas políticas económicas, no enlazan con el aspecto político de ellas, y se sorprenden de que pluralidad política y la democracia “avancen” mientras el bienestar económico se estanque; con lo cual simplemente recomiendan un cambio de política económica. Pero ustedes mismos dicen que “el mayor problema de nuestra democracia es el mal gobierno. Y el mal gobierno no es sólo consecuencia de la mayor o menor incompetencia o carisma de los gobernantes, sino del modo o la lógica patrimonial con la que funcionan las instituciones públicas, es decir, de la naturaleza, fortaleza y legitimidad del Estado”. En efecto, lo realmente malo del gobierno es que en gran medida permite, privilegia o participa de los poderes fácticos y oligarquías sectoriales y locales, de las que ustedes mismos hablan.
Suscribo que no sea el pluralismo el culpable de esto. Pero tampoco es la culpable una ideología neoliberal bienintencionada que vaya a revertirse desde el poder a partir de argumentos y evidencias. Quisiera entonces invitarlos a repensar su reprobación al rechazo generalizado a la clase política – prometo que mi tónica no será maquiavélica ni nihilista, sino constructiva.
Ustedes deploran que “los recurrentes desencuentros de la así llama¬da “clase política”, la exposición que ha¬cen de ella los medios de comunicación, y la ausencia de espacios para una auténtica deliberación y una discusión ilustrada, nos conducen a una sociedad de estereotipos, en donde la imagen de la política y los políticos se desprecia y devalúa franca y consistentemente.”
Les pido conceder que la “auténtica deliberación” y la “opinión ilustrada” no proviene sólo de “periodistas, académicos, intelectuales, funcionarios, políticos activos o ya no tanto”, que por añadidura son cercanos a las instituciones. Les pido conceder que actores como ustedes no detentan más que una perspectiva de una verdad que sólo puede complementarse intersubjetivamente. Sólo puede complementarse con lo que piensen otros sectores de la academia; grupos de toda índole con reivindicaciones políticas; y sobre todo, gente común, que no participa del poder, que es receptora de políticas públicas, blanco de campañas políticas, testigo del papel público de la clase política, cotidiana y directamente en los nivele más cercanos, y a través de o que se hace del conocimiento público, en los niveles más altos. ¿Sostendrían que el rechazo generalizado y que la opinión de que la detención del poder no es legítima, carecen de razones suficientes?
Hoy hay relevos de gobernantes mediante elecciones, pero son pocos los que piensan que los partidos cumplan la función “de organizar a la diversidad de las tendencias políticas existentes en auténticos organismos permanentes, capaces de repre¬sentar en forma cotidiana proyectos, progra¬mas y opciones estratégicas, apoyadas por grupos y sectores específicos de interés y, al mismo tiempo, de reformar las leyes que hoy favorecen o acentúan los rasgos autoritarios”. La diversidad del país no se expresa en tres corrientes fundamentales (PRI, PAN y PRD), como dicen ustedes. Y definitivamente no es un 90% de los ciudadanos el que opta por estos partidos, como usted afirma en su artículo del 10 de junio. Únicamente vota alrededor de la mitad del padrón, y a eso hay que restar los votos anulados intencionalmente. Sólo sobre ese resultante podría aplicarse el 90% que menciona. Y entre quienes votan por los tres partidos principales, ¿cuántos optan en positivo; y cuántos muy a su pesar, votan por uno por considerar prioritario impedir que llegue otro al poder? Los ciudadanos que no votan por los partidos no los consideran legítimos aspirantes a representarlos; o no creen que varíen entre sí sustancialmente; o bien no les adjudican capacidad o voluntad de incidir en lo esencial (o todo ello junto). ¿Creen que la opinión más generalizada yerra al juzgar que los políticos, en proporción considerable, no usan su poder para vehicular los intereses de la mayoría, sino que lo usan dolosamente, para otros fines?
A pesar de descalificar el rechazo a la clase política, en ciertos momentos de su documento es patente que ustedes comparten el diagnóstico de la falta de legitimidad en toda su profundidad. Sin embargo, los problemas a los que se dirige su propuesta de parlamentarismo, son, en comparación, de orden superficial: acusan al pluralismo realmente existente “por su falta de aliento, por la ausencia de ideas relevantes, por su reiterada incapacidad para la deliberación genuina e ilustrada, por lo que tiene de excluyente de otras expresiones, por el narcisismo de los partidos, por la creencia de que el control de los aparatos burocráticos arroja impunidad, por su ceguera o por su propensión a la discusión irrelevante”. Este escenario lamentable, sin duda, pero es sólo una parte visible de una estructura de poder ampliamente pervertida. Las “fórmulas”, la ingeniería institucional, las consideraciones sobre las coaliciones y las elecciones… todo esto que ustedes abordan en su propuesta de parlamentarismo, quizás ayude a gestionar una parte del problema – ustedes conocen de cerca las dinámicas de los políticos y no dudo de que hablen con conocimiento de causa – pero me cuesta ver de qué manera se tocaría lo esencial.
En este contexto, desde mi perspectiva, las reivindicaciones de participación ciudadana tienen un triple sentido: 1. la estructura de poder, dejada a sus mismos participantes, no se cambiará a sí misma. 2. es intolerable formar parte pasiva de esta realidad política 3. La aspiración a la democracia es en el sentido de que los ciudadanos determinen el rumbo de su sociedad según sus intereses y aspiraciones. Ustedes dicen que el objeto de los movimientos ciudadanos “consiste en tratar de denunciar y llamar la atención sobre situaciones específicas más que en congregar grupos estables o representar proyectos concretos (la función de los partidos por antonomasia). No buscan el poder, sino influenciar en sus decisiones.” Quizás ése sería el caso si tuviéramos una democracia legítima, representativa y funcional. En nuestra situación, muchos ciudadanos sí buscamos una restitución del poder, pero no a grupos acotados ni por cuestiones puntuales, sino a sectores mayoritarios y para los asuntos más fundamentales.
Usted dice que sí hay muchos vasos comunicantes entre ciudadanos y políticos. Celebro los que existan y no sean mero “atole con el dedo”. Probablemente sea difícil determinar la cantidad y calidad de estos vasos. Pero lo que sí me parece fácil de suscribir es que no constituyen mecanismos vinculantes para vehicular las aspiraciones legítimas de la ciudadanía, ni para que estas aspiraciones conformen el espíritu de la toma de decisiones, operación y control de la función pública. Resulta sofocante y desesperanzador pensar que debamos confiar en que los partidos serán la “mediación institucional” necesaria para que esto ocurra. Por eso, en nuestro contexto, la reivindicación de los mecanismos de participación ciudadana es uno de los caminos – uno de modificaciones a las instituciones existentes – que grupos de ciudadanos están tomando. Son necesarias algunas leyes que abran grietas vinculantes en el sistema, por donde se cuele la soberanía directamente desde su fuente.
Así interpreto el espíritu con el que se aspira a mecanismos de democracia directa. El diseño de tales mecanismos representa, por supuesto, enormes retos: ¿cuáles y cómo permitirían la toma de decisiones emanadas de los intereses legítimos de sectores mayoritarios; dejando fuera las surgidas de intereses económicos privados, criminales o políticos individuales? No desdeño la dificultad y el riesgo que entrañan estos mecanismos, pero privarnos de pensar en el referéndum por miedo a que Televisa promueva uno, es permitir que los poderes fácticos amaguen hasta nuestra imaginación y nuestras expectativas políticas. Usted no cree en la categoría de “lo ciudadano”, pero creo que es útil en estos casos: es ciudadano el que responde a los intereses de simple habitante, derechohabiente, participante cualquiera de una comunidad – que no detenta poderes institucionales o de facto – que aspira al bienestar de la misma y al suyo propio, sin malas intenciones, sin pretensiones desleales, criminales o acaparadoras de poder o de riqueza. Pensemos en diseños de mecanismos de participación efectivamente ciudadanos.
Por supuesto, los intereses ciudadanos no son unívocos, sino plurales y diversos, como ustedes bien enfatizan; y no existe ninguna instancia capaz de determinar su racionalidad, su legitimidad o su jerarquía. La construcción de la democracia, entonces, se juega en buena medida en algo que ustedes, como yo, juzgan necesario: “Un nuevo contexto para la deliberación. A la sociedad mexicana le hacen falta espacios de encuentro, cotejo y deliberación de ideas (…) Sostenemos que la práctica de escuchar los puntos de vista opuestos es esencial para la ciudadanía digna de ese nombre y para cualquier proyecto serio de educación cívica”.
Sin embargo, difiero con ustedes en algunos aspectos de cómo tendría que ser esta deliberación. Creo que tendría que ser una deliberación crítica con respecto a la pretendida horizontalidad de la palabra y las ideas. Esto implicaría por un lado, revertir la actitud aparentemente neutral de descalificar como “inauténticas” o “no ilustradas” las opiniones de otros. Por otra parte, creo que sí es importante distinguir y tomar en cuenta si los interlocutores son gobernantes, ciudadanos comunes u otros, pues sus intenciones y su posición en la estructura de poder varían, con lo cual varía también el sentido fáctico de los argumentos intercambiados. Por eso pienso que las deliberaciones ciudadanas, en las que se confronten diversas perspectivas de diversos sectores y se expliciten las intenciones y las relaciones de poder, tienen un valor político específico, puesto que en ellas pueden explorarse maneras de hacer prevalecer la soberanía de la ciudadanía en las condiciones existentes.
Se me ocurre otra contribución muy interesante que ustedes, desde su perspectiva como grupo cercano a las instituciones, podría aportar a otros que, desde la nuestra, no alcanzamos a ver. Podrían exponernos los matices que consideran necesario hacer en la valoración de las instituciones y la clase política: ¿qué personas, qué grupos, qué instancias son dignas de confianza, y específicamente en qué sentido? ¿Qué arreglos y mecanismos institucionales están sirviendo para contrarrestar los poderes fácticos, o están favoreciendo la justicia, la democracia y la equidad? Estos serían elementos muy útiles para dar claridad a las deliberaciones y activaciones ciudadanas.
Encantada de seguir alegando.
